A unos pocos días
de que se cumpla un año de la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
es pertinente hacer un alto y verificar los logros y desaciertos que han
ocurrido sobre la implementación de la ley en el ámbito nacional; pero antes de
iniciar con el análisis en mención, me gustaría compartirles una pequeña
reflexión que viví hace unos días, dentro del equipo de basquetbol de mi menor
hijo, en donde hay niños que han desarrollado al máximo sus potencialidades,
sin embargo hay algunos que no tanto, pero como sabemos este tipo de deporte es
un juego de conjunto y para el éxito del mismo se debe trabajar más en los
niños que son un área de oportunidad, a fin de que estos alcancen su nivel
óptimo, pues solo así existiría una verdadera armonía de conjunto y logrando con
ello una adecuada integración, que garantice el juego en equipo, pero
lamentablemente la situación no es así, se ha preferido empoderar a los buenos
y aislar a los que aún no logran desarrollar todas sus capacidades, a fin de
orientar los intereses de este grupo deportivo a pretender ganar más partidos,
aun cuando esto se traduzca en limitar el desarrollo de algunos niños.
En ese sentido, considero
que cuando se habla del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
debe analizarse con una perspectiva de conjunto o equipo, pues como sabemos
este Sistema a nivel local se integra por diversos órganos o autoridades especializados,
los cuales tienen un desarrollo particular, pero al hablar de una Ley Nacional
podemos suponer que estos Sistemas Locales forman parte de un solo Sistema
Nacional orientado a garantizar y proteger
los derechos de los menores en conflicto con la Ley, para dotarlos de
una Justicia Especializada.
Es por ello, que
no podemos justificar un Rank, o la
competencia entre los Sistema Locales, para hablar cual reporta más avances
sobre la implementación, pues no es una competencia sino lo que debe reflejarse
es como crece y se desarrolla el Sistema Nacional, y cómo podemos contribuir
desde nuestros estados para apoyar a las demás entidades federativas a
consolidar el mismo.
En este sentido,
considero que con la Ley Nacional se ha avanzado más en este tipo de Justicia
Especializada que con los diez años anteriores que estuvieron vigente los
diversos ordenamientos jurídicos locales, pues sin duda ha puesto en la
palastra nacional este tema, en donde ha permitido un dialogo constante entre
los diversos operadores jurídicos del país, sobre un procedimiento común, lo
que ha reforzado la calidad de está justicia.
Ya que los diversos operadores jurídicos
especializados del país, han servido de pilares a los Institutos de
Capacitación de los Poderes Judiciales Estatales y a la Universidad Judicial
del Estado de Durango, para hacer frente al nuevo paradigma de la
Especialización que establece la Ley Nacional, en donde se ha nutrido la
capacitación con las experiencias y conocimiento adquiridos por los juzgadores
locales al proyectarlo sobre una sola legislación común.
Mención especial,
en este tema destaca el Instituto de la Judicatura- Escuela Judicial, quien ha
involucrado a los operadores jurídicos locales en la capacitación de
defensores, prospectos de Jueces Especializados en esta justicia, Jueces y
Magistrados de Distritos en funciones, lo que sin duda refuerza la
consolidación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Si bien
actualmente aún existen criterios locales sobre algunos temas previstos por la
Ley, estos en lugar de conflictuar a la legislación nacional han permitido el
nacimiento de estudios jurídicos que sin duda a la postre fortalecerá el
desarrollo de esta materia en específico, al ser el cimiento de una doctrina
nacional tan escasa en estos días.
Una herramienta
fundamental que ha permitido incluir de forma real a la Justicia para
Adolescentes dentro del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
han sido las recientes Sub Comisiones para el seguimiento de la implementación
de los Sistema locales, ya que han sido ágoras para las diversas autoridades de
los Estados que integral el Sistema, lo que sin duda ha beneficiado las
relaciones interinstitucionales en beneficio de los menores en conflicto con la
ley.
En cuanto a los órganos
jurisdiccionales Especializados encargados de la aplicación de la Ley Nacional,
creo que ahí es donde encontramos una área de oportunidad a fin de que en la
totalidad de los Poderes Judiciales Locales cuente con las figuras del Juez de
Control, Tribunales Unitarios de Enjuiciamiento, Jueces de Ejecución y
Magistrados todos ellos especializados y con competencia exclusiva en esta
materia de Justicia para Adolescentes, a fin de cumplir con los lineamientos
internacionales y nacionales que tiene nuestro país, en donde se privilegie la
creación de estos órganos jurisdiccionales especializados por encima de
intereses económicos o de la poca carga de trabajo en relación a otras materias
jurídicas.
A manera de
conclusión considero que los resultados arrojados en este año son favorables,
pero no debemos bajar la guardia para lograr dentro del plazo de tres años que
señala el artículo primero transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes la plena operación del Sistema Nacional,
recordando en todo momento que el éxito de esta Justicia especializada es un
compromiso y un deber para México, al tener su base en instrumentos vinculantes
de Derechos Humanos específicos para los menores de edad en conflicto con la
ley.
